Hablar de Justicia con mayúsculas puede ser sinónimo de uno de los valores constitucionales o de la función que cotidianamente realizan los juzgados. Ambas acepciones nos interesan. La segunda puede que sólo a quienes tienen o han tenido que acudir alguna vez ante un tribunal, lo que conlleva riesgos futuros para el sistema democrático porque la efectividad de la tutela de los derechos fundamentales es uno de sus principales pilares. Los otros son el principio de legalidad y la separación de poderes.
El Poder Judicial es elemento clave porque LOS DERECHOS NO SON NADA SIN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA HACERLOS VALER. Los derechos constitucionalmente consagrados devienen papel mojado si no hay medios eficaces para su defensa o cuando frente a sus lesiones no hay recursos eficaces o la reacción es tan lenta que rara vez se consigue evitar o reparar el daño. Y las lesiones en muchas ocasiones provienen de los propios poderes públicos.
Resultado de años de polarización y freno a las reformas necesarias, asistimos a un desgaste institucional y fallas democráticas del sistema de garantías de los derechos perceptible en el sistema judicial, cuyas deficiencias no son solo organizativas y funcionales. Por ello sería necesario reflexionar sobre cómo habría que rearmar el sistema en muchos de sus aspectos porque el buen funcionamiento de la Administración de Justicia es vital para el Estado democrático.
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