Relaciones Laborales y Protección Social en el Siglo XXI: Retos del Estado Social

El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social es la disciplina jurídica que ordena la relación social probablemente de mayor trascendencia social, porque en torno al trabajo (y a la sustitución por prestaciones sociales de las rentas del trabajo perdidas temporal o definitivamente) se cimentan los conceptos de ciudadanía y cohesión social. Así, en ese ordenamiento, desde sus orígenes, se enmarca el inexcusable ingrediente de cohesión y justicia social que representa el trabajo digno y con derechos, constitutivo del más poderoso factor de integración social y aglutinante por excelencia del sentimiento de pertenencia a una comunidad, confirmando que en el Estado social de derecho el Derecho del Trabajo cumple una función de legitimación política y jurídica del sistema en general y de su modelo económico en particular.

Pero esa normativa imprescindible y sus tradicionales soluciones se enfrentan en el siglo XXI a retos –y oportunidades– cruciales, fruto de las profundas transformaciones de los presupuestos sobre los que se desenvuelve el trabajo. Transformaciones que cuestionan sus fronteras objetivas y subjetivas y, para algunos, hasta su función y fundamento mismos. De ahí la importancia de identificar correctamente esos cambios disruptivos y nuevas necesidades que plantean los actuales modos de producción y prestación de trabajo, así como los nuevos sujetos que intervienen en dichos procesos, para construir sobre ese diagnóstico un esquema de regulación renovado, estable pero dinámico y permeable a las mutaciones actuales y venideras sin comprometer su componente social y de equilibrio de desigualdades que le es más propio.

Propósito sobre el que se viene insistiendo largamente a nivel nacional e internacional, desde posiciones que han recalcado más la identificación de esas mutaciones y la declaración de propuestas teóricas de respuesta, que la formulación de la reforma institucional y normativa de hondo calado ampliamente demandada, aun en direcciones divergentes. En todo caso, la inevitable adaptación a esas transformaciones (digitalización e inteligencia artificial aplicada al trabajo, transición ecológica, cambios demográficos, nuevas formas de empleo, etc.) y la irrenunciable función equilibradora de la normativa laboral debe garantizar transiciones justas, equitativas e inclusivas entre la defensa del empleo y los derechos laborales y el eficaz funcionamiento del mercado de trabajo y de la economía en general. Y debe desplegar un marco de protección y reemplazo de rentas de actividad sobre quienes se ven expulsados de ese perímetro de acción por su incapacidad de respuesta individual a los desafíos que el mercado de trabajo impone o por la propia incapacidad colectiva del sistema en su conjunto para absorber y ocupar a toda la población activa.